Lya Yaneth Fuentes, docente-investigadora del Iesco, fue una de las invitadas al Congreso de la República para hablar sobre el acoso sexual en las universidades.
El pasado jueves 15 de noviembre, en la audiencia pública convocada por María José Pizarro y Ángela María Robledo, representantes a la Cámara, el auditorio Luis Guillermo Vélez del Congreso de la República se vistió de morado. La razón: los y las participantes, a través de prendas de este color, se sumaron a la lucha contra el acoso sexual en las instituciones de educación superior (IES).
En Al tablero: violencias y acoso sexual en las universidades se analizaron estas problemáticas que no solo afectan a las estudiantes, sino también a las docentes y funcionarias administrativas de las IES. Este encuentro reunió a jóvenes, colectivos feministas, profesores y ciudadanos de diferentes partes del país, quienes creen que la educación superior debe estar basada en el respeto y la igualdad.
La audiencia contó con la intervención de diferentes panelistas —que compartieron sus experiencias, reflexiones y percepciones sobre este fenómeno—, entre ellas:
Lya Yaneth Fuentes, coordinadora del grupo Género y Cultura del Instituto Estudios Sociales Contemporáneos (Iesco) de la Universidad Central; Osana Medina, docente de la Universidad Pedagógica; Adriana Isabel Rincón, abogada y defensora de Derechos Humanos del colectivo Género y Seguridad; Andrea Lezema, integrante de la Guardia de Mujeres; Laura Daniela Páez, estudiante de Derecho de la Universidad Libre; Paula Amaya, estudiante de medicina de la Universidad Surcolombiana; también participó Lip Day Rueda, del departamento de Seguridad de la Universidad de Ibagué, quien fue víctima de acoso sexual laboral.
Por su parte, la docente e investigadora Lya Yaneth Fuentes explicó que es necesario tipificar el delito de acoso sexual y reconocer esta conducta como una manifestación sexista y misógina:
“En el ámbito universitario es frecuente que los profesores presionen, amenacen y hostiguen a sus estudiantes demandando sexo o favores sexuales como intercambio para obtener buenas calificaciones y no hacer perder las asignaturas”.
Cabe señalar que, la intervención de Fuentes se basa en los resultados de la Encuesta de Percepciones sobre Equidad de Género y Enfoque Diferencial de Derechos, aplicada por el proyecto Feges en el año 2015, así como en los hallazgos del proyecto Violencias y discriminaciones: una aproximación al acoso sexual, el sexismo y la homofobia del año 2018.
Las panelistas estuvieron de acuerdo al indicar que los esfuerzos de las universidades no giran en la erradicación del problema, sino en ocultar esta realidad, al ignorar las denuncias y revictimizar a las personas afectadas cuando deciden denunciar. Al igual que la Iglesia Católica con los casos de violencia sexual a menores, las IES también optan por guardar silencio.
En un segundo momento, la audiencia contó con la participación de Mónica Godoy —como moderadora—, profesora de la Universidad de Ibagué, quien fue despedida de esa institución por su trabajo en la prevención de la violencia de género en el campus. Tras una tutela impuesta, la Corte Constitucional ordenó al plantel educativo reincorporarla.
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Godoy estuvo en compañía de Luis Fernando Pérez, viceministro de Educación; Fabio Martínez, rector de la Universidad Pedagógica Nacional; Edna Murillo, delegada del Ministerio de Trabajo; y Sandra Moreno, delegada de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Estos panelistas expusieron las acciones que se han adelantado para combatir este problema desde las entidades u organismos que representan. Sin embargo, estas se quedan cortas ante los casos de acoso sexual que se presentan y que continúan atentando contra la dignidad de las mujeres.
El viceministro Pérez se comprometió a ser un aliado estratégico en la búsqueda de una solución a esta coyuntura.
Para finalizar la audiencia, el público tuvo la oportunidad de opinar, cuestionar y sugerir propuestas que permitan superar este flagelo.
Entre las recomendaciones más relevantes, los asistentes hicieron un llamado de atención al Ministerio de Educación por su falta de compromiso con el problema y las pocas garantías que existen, pero también pidieron a este organismo hacer de este tema un requisito para los procesos de acreditación de las universidades, señalando que la integridad de las instituciones no solo depende de formalidades académicas. De igual manera, se pidió a las IES trabajar en el diseño de políticas, protocolos y rutas que atiendan, prevengan y sancionen esta situación.
No obstante, señalaron que, más allá de la formulación de políticas o rutas, es indispensable una transformación social y cultural que involucre a todos los miembros de la sociedad. Igualmente, la representante Ángela María Robledo indicó que las leyes ya están, lo que falta es aplicarlas, refiriéndose a las leyes 1257 de 2008 y 1719 de 2004.
Aunque la violencia y el acoso sexual no dan tregua, esta audiencia constituye un avance para aunar esfuerzos entre mujeres políticas y académicas, y colectivos estudiantiles feministas para demandar acciones efectivas por parte del Estado y las universidades.
