Conocer nuestro patrimonio nos permite encontrar sentidos transcendentales de identidad y reforzar garantías para proteger los derechos de las comunidades.
Durante los primeros días del mes de septiembre, en el marco del curso Pluralismo Jurídico, de la Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, un grupo de estudiantes visitó el Museo Arqueológico Casa del Marques de San Jorge (MUSA), ubicado en la carrera 6 n.° 7-43 de Bogotá D. C., a solo 10 minutos de la Universidad Central, con el propósito de reconocer y aprender más sobre el patrimonio cultural de la nación, su preservación y el aporte que significa para la historia del país.
Dentro de las múltiples reflexiones realizadas en esta ocasión, resultó relevante señalar que a pesar de la expedición de la Ley 397 de 1997, luego reformada por la Ley 1185 de 2008, aún el Estado no cuenta con un registro real de los bienes arqueológicos de la Nación, especialmente por la omisión del deber que estableció el inciso cuarto del artículo tercero de la Ley 397:
“Por la cual se desarrollan los artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.”
De conformidad con los artículos 63 y 72 de la Constitución Política, los bienes del patrimonio arqueológico pertenecen a la Nación y son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, podrá autorizar a las personas naturales o jurídicas para ejercer la tenencia de los bienes del patrimonio arqueológico, siempre que estas cumplan con las obligaciones de registro, manejo y seguridad de dichos bienes que determine el Instituto. Los particulares tenedores de bienes arqueológicos deben registrarlos. La falta de registro en un término máximo de 5 años a partir de la vigencia de esta ley constituye causal de decomiso de conformidad con el Decreto 833 de 2002, sin perjuicio de las demás causales allí establecidas.
Preservar nuestra historia
Los bienes arqueológicos de la Nación han sido parte de un gran botín repartido desde los tiempos de la conquista; botín representado en reliquias de inestimable valor para sus tenedores, razón por la cual existe un mercado negro de estas obras, a pesar de las prohibiciones de esta clase de negocios y la naturaleza inalienable, inembargable e imprescriptible de estos tesoros históricos.
Por esta razón, en los próximos años, además de las tareas relacionadas con la reestructuración del Estado para asegurar y afianzar los derechos especiales de las comunidades étnicas, hay una gran apuesta por recuperar física y simbólicamente el patrimonio de la nación con el propósito de ponerlo al servicio de la comunidad.
Este proceso puede repercutir de maneras positivas en la conciencia colectiva de los colombianos: encontrar sentidos diferentes y transcendentales para nuestra identidad y reforzar las garantías necesarias para proteger efectivamente los derechos fundamentales de todas las comunidades.
