Tras 21 años de los hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la periodista Jineth Bedoya en el proceso iniciado en 2019 en contra del Estado colombiano.
El pasado miércoles 20 de octubre del 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó la condena al Estado Colombiano por ser responsable de la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de la periodista Jineth Bedoya, además de haber permitido el secuestro y la tortura.
Jineth Bedoya, periodista y egresada centralista, ha atravesado un tardado proceso de investigación en búsqueda de discernir quienes tuvieron relación en el fatídico hecho del 25 de mayo del año 2000, donde fue secuestrada, torturada y violentada cuando se encontraba trabajando en el periódico El Espectador.
La reportera estaba cumpliendo con sus labores en la cárcel La Modelo, donde, para aquel entonces, se vivía un entorno hostil propiciado por los diferentes bandos guerrilleros y paramilitares que allí se situaban. Bedoya había hecho diversos descubrimientos sobre actividades ilícitas dentro del penal, como el intercambio de secuestrados y el tráfico de armas, siendo del conocimiento de los funcionarios estatales que resultarían ser cómplices.
El 25 de mayo del 2000 cuando Jineth se dirigía a verse con el paramilitar Mario Jaimes, El Panadero, en la entrada del establecimiento carcelario Jineth se vio increpada y encañonada para posteriormente ser secuestrada y agredida tanto de manera verbal como física y sexual.
¿Qué papel jugó el Estado?
Pasadas 10 horas, Jineth apareció en la ciudad de Villavicencio, después de atravesar un suceso de violencia donde se evidenciaba la participación de entes estatales, pues la policía era conocedora de las constantes amenazas que tanto Bedoya como sus compañeros del periódico recibían, sin embargo, no hubo un garantías de seguridad por su parte.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoce que instituciones estatales eran conocedoras del peligro de muerte e integridad al que estaba expuesta Bedoya, sin embargo, no hubo un proceso de protección debido a que algunos de los crímenes expuestos por Jineth perjudicaban a aquellos funcionarios que también tenían participación en estos.
Irregularidades en el proceso
El Estado no solo dejó ver su complicidad en la falta de seguimiento a las amenazas hacia los periodistas, sino que además, posteriormente a que se diera el hecho, la investigación por parte de las organizaciones gubernamentales estuvo colmada de irregularidades que conllevaron a que la resolución del caso tardara los 21 años que tardó.
La Fiscalía se demoró 7 años en pedir las grabaciones de seguridad de La Modelo, que seguramente captaron lo sucedido, y por otro lado, le tomó 10 años pedir los registros de aquellos guardas que se encontraban en turno ese 25 de mayo, además de pasar por alto los exámenes y estudios que se deben realizar al momento de encontrar a alguien previamente secuestrado y violentado, como fue en el caso de Jineth Bedoya.
Tanto periodista como mujer
En este suceso resaltan tanto su rol profesional como de género, pues ambos tuvieron repercusión tanto en el transcurso de los hechos como en la resolución otorgada por la Corte IDH, ya que se dejó ver la persecución y estigma que se tenía hacia los periodistas, tal como relata Jineth, una de las tantas frases que los perpetuadores de su secuestro decían era “periodistas h&@$#/°s que tienen el país vuelto mierda, por culpa de ustedes es que está el país así”.
Se señala también que las investigaciones estuvieron plagadas de estereotipos ligados al género, pues la fiscalía no centró su investigación en los perpetradores, sino que decidieron que el foco de la investigación era la misma Jineth y se enfocaron en su vida personal, haciendo que durante estos 21 años Bedoya contara más de 12 veces lo sucedido.
Jineth obtiene por parte del fallo medidas de reparación, como, la divulgación mediante medios públicos de su proyecto ‘No es hora de callar’, la creación de un centro de memoria para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, la financiación y desarrollo de un fondo con énfasis en la protección de mujeres periodistas victimas de violencia, además de direccionar las investigaciones en torno a todos aquellos que fueron participes de aquel fatídico suceso del que fue victima.
La comunidad centralista celebra el fallo de la Corte IDH, pues es un avance en el proceso de reparación a las víctimas y representa un avance en la lucha por la justicia para el caso de nuestra egresada.
