Eduardo Ernesto Durán, egresado del programa de Contaduría Pública de la UC, reflexiona sobre los retos de la profesión y el rol de los contadores en la construcción de una sociedad mejor.
¡Corrupción no solo es una palabra, es una realidad! Además, tiene muchas acepciones. Todas, en forma individual nos indican lo mismo.
¿Qué sucede con nuestra sociedad? ¿Dónde está aquel “buen hombre de negocios que actúa con diligencia y obra con lealtad y buena fe” como Administrador de los bienes a él encomendados, del que habla el artículo 23 de la Ley 222 de 1995?
Una pregunta adicional: ¿Hasta dónde afecta el comportamiento de la sociedad y el del empresariado colombiano nuestra profesión como dadores de fe pública?
Pues bien, no somos ajenos a ello. El ejercicio de la profesión de la Contaduría Pública en Colombia se enfrenta a un sinnúmero de responsabilidades, adicionales a las propias que dieron origen a esta noble profesión.
Tamaña responsabilidad: ¡Dadores de fe pública!
Analicemos los antecedentes legales sobre nuestras responsabilidades como contadores públicos.
Ley 58 de 1931
Responsabilidad frente a la Sociedad (artículo 40)
“… los miembros de la administración y los fiscales y revisores son solidariamente responsables para con la sociedad, de los daños que causen por violación o negligencia en el cumplimiento de sus deberes” (sic). Resaltado fuera de texto.
Responsabilidad frente a los accionistas o dueños de las empresas (artículo 41)
“Los miembros de la administración y los fiscales o revisores son solidariamente responsables para con cada uno de los accionistas y acreedores de la sociedad de todos los daños que les hubieren causado por faltar voluntariamente a los deberes que les imponen sus funciones respectivas” (sic). Resaltado fuera de texto.
Si analizamos la razón de ser de estos dos artículos, vemos cómo los resultados de nuestras actuaciones nos llevan a asumir responsabilidades tanto con la sociedad (incluye al Estado) como con los propietarios de las empresas, sus acreedores e, incluso, sus empleados, quienes esperan que la empresa perdure en el tiempo para tranquilidad de sus familias, producto del empleo que generan.
Son bien conocidos los escándalos generados por todo tipo de organizaciones empresariales, empresarios, contratistas, administradores de las empresas y políticos, quienes, en su afán de enriquecerse muy rápidamente, utilizan mecanismos al margen de la ortodoxia empresarial, comprometiendo no solo la estabilidad de las empresas sino los recursos de terceros como el Estado o de aquellos con quienes mantienen relaciones comerciales, bien sea como clientes o como proveedores.
Lo curioso de la situación es que, en medio de ellos, se ven comprometidas tanto la ética de nuestros contadores como el buen nombre de nuestra profesión, de quien se espera sea una especie de garante de las buenas prácticas empresariales en beneficio de la sociedad y de terceros interesados.
Es lamentable reconocerlo, algunos representantes del empresariado esperan que los contadores públicos seamos solo productores de una información financiera, ajustada a sus “exigencias”, o emitamos una opinión limpia (favorable) sobre unos estados financieros que pueden contener errores significativos (incluyendo fraudes).
Sin respaldo
Nuestra profesión no ha sido lo suficientemente valorada por el Estado colombiano, al no reconocer el verdadero aporte que, como aliado, le entrega producto, por ejemplo, de la atestación de las declaraciones tributarias y la certificación de los estados financieros de las empresas donde funge como responsable de la contabilidad, o de la emisión de una opinión independiente sobre los mismos, cuando lo hace como Auditor externo o Revisor fiscal.
¡Sí! Nuestra profesión es de alto riesgo y no tiene el respaldo del Estado. Cada vez son mayores las responsabilidades que asumimos al vernos obligados a realizar (como ocurre hoy en día) reportes de operaciones sospechosas sobre Lavado de activos y financiación del terrorismo, reportes específicos con destino a las Superintendencias relacionadas con nuestros clientes y otros más de diversa índole, so pena de vernos sancionados, con un proceso disciplinario o penal y, en el peor de los casos, tras las rejas.
La causa
El entorno económico, la situación del país en materia de empleo, las necesidades de los profesionales y sus familias, el deseo de conservar su estabilidad laboral, errores de formación académica con incidencia directa en las competencias e idoneidad profesionales y, por último, la ausencia de valores, han hecho de nuestra sociedad el escenario preciso para cultivar las malas prácticas, el dinero fácil y el ánimo de poder.
La solución
El asunto es cultural y la solución, fundamentalmente, es de educación y buena formación. El papel de las Universidades es esencial en el adiestramiento de competencias y buenas prácticas, en todas las carreras.
Pero también es en el seno de las familias y en los colegios - en la educación de sus hijos y estudiantes -, en cuyos escenarios se deben sembrar valores y principios sólidos que hagan de los individuos buenos ciudadanos, preocupados por las buenas maneras y comportamientos acordes con aquellos “buenos hombres de negocios”, en el ejercicio de sus diferentes profesiones.
El reto
Nuestra profesión debe ser parte de la solución; el Contador Público debe participar con su actuación profesional en la construcción de una mejor sociedad al adoptar posiciones serías y, rígidas, si es del caso, cuando observe situaciones al margen de la legalidad y las buenas prácticas empresariales, cuyos efectos sobre la sociedad son incalculables.
Nuestro código ético internacional nos lo indica al presentarnos unas posibles amenazas, cuando vamos a asesorar o estamos asesorando algún cliente, para las cuales debemos adoptar una serie de salvaguardas, incluso relacionadas con la dejación del cliente.
