En un Estado Social de Derecho priman los procesos sociales y las estrategias que potencien el bienestar y el desarrollo colectivo.
La pobreza y exclusión social, con el aumento del desempleo, hacen que se mantenga latente el llamado a avanzar de manera decidida en las acciones que se planteen desde el Gobierno Nacional y la ciudadanía.
Sin embargo, después de 30 años de establecida la Constitución de 1991 en el marco jurídico político del Estado Social de Derecho, aún hay bastante trabajo para garantizar el acceso a la información y el conocimiento en el país.
Capital social e intelectual
Decía Bourdieu que el capital no se reduce a solo hablar de dinero, sino que hay una serie de categorías que de este concepto emanan para construirnos y repensarnos en sociedad. Ejemplo de ello son las dinámicas que alimentan el capital social como la convivencia y la participación ciudadana, los proyectos y debates colectivos.
Otro ejemplo es el capital intelectual que nos indica la información intangible que posee cada persona. Sin embargo, resulta complicado aumentar ese capital intelectual cuando hay lugares en Colombia donde aún son escasas (o nulas) las posibilidades para disponer de recursos electrónicos o, incluso, libros.
No es solo cuestión de acceso
Democratizar el conocimiento no se reduce a permitir que alguien tenga un libro o un recurso ya sea digital o análogo. Va más allá. Es poder captar y comprender información que permita, entre otras cosas, una opinión informada principalmente en temas de interés público.
En concordancia con los planteamientos del sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, el país necesita más “sentipensantes” en la actualidad. En palabras del sociólogo: “No monopolice su conocimiento ni imponga arrogantemente sus técnicas, más bien respete y combine sus habilidades con el conocimiento de las comunidades investigadas o de base, teniéndolos como socios en pleno derecho y co-investigadores”.
En el estudio sobre el índice de calidad de vida digital realizado en 2020 por Surfshark, Colombia ocupó el puesto 62 (de los 85 países evaluados a nivel global) lo cual indica las falencias del país frente a las posibilidades de acceso a internet.
Educación
No se puede negar que con la pandemia muchos conflictos y desigualdades sociales se han hecho más visibles. En cuanto al acceso a la educación, un ejemplo sencillo que vemos en muchos lugares rurales (por no hablar de los estratos 1 y 2 en las zonas urbanas) de Colombia son los niños/as sin dispositivos tecnológicos para acceder a sus clases, con talleres o guías en físico que, igualmente, no pueden ser enviados a los docentes sin servicio a internet, así sea por un par de minutos al día.
Es cierto que se han planteado muchas ideas a lo largo de un poco más de un año de pandemia, principalmente por parte de los dos ministerios más implicados: TIC y de Educación. Sin embargo, frente a los afanes por tratar de hacer llegar la información por radio o televisión a los hogares que no tienen internet, ¿estos dispositivos no representan un retroceso?, ¿cómo hace un estudiante frente a un televisor para obtener respuesta a sus preguntas?, o incluso, ¿cómo hace un estudiante para intercambiar saberes o debatir con sus compañeros?
Según la Fundación ProBogotá aproximadamente 34 mil estudiantes abandonaron las clases en 2020 por las dificultades para acceder a la educación virtual. El panorama y las proyecciones para finales de este año es aún más dramática: cerca de 106 mil estudiantes podrían desertar.
Un reto aún mayor: empatía, coordinación y acciones colectivas en pro del conocimiento para todos/as y la posibilidad de una ciudadanía participativa.
