Jairo Santander, director del departamento de Economía de la Universidad Central, explica cuáles son los retos económicos para el posconflicto.
1. Si los colombianos le dan el sí a los acuerdos de paz, en el plebiscito del próximo 2 de octubre, son muchos los retos que traerá el posconflicto. ¿Está el país preparado económicamente para asumirlos?
Decir si está preparado va más allá del tema fiscal y pasa también por analizar si la estructura económica está lista para la reincorporación de territorios y población que históricamente han estado por fuera de los principales circuitos económicos.
En cuanto al tema fiscal, esto implica unos costos en la implementación del proceso de paz y la justicia transicional, pero también en cuanto a víctimas. Sobre todo este último punto puede tener un costo importante, pues se calcula que alrededor del 11% de la población colombiana está en este grupo y que por vía administrativa la reparación puede superar los 58 billones de pesos.
Inicialmente viene una reforma tributaria que, aunque no está asociada directamente al posconflicto, destinará muchos de los recursos para apoyar este escenario. Aun así se requieren de otras fuentes de financiación, se espera también la reorganización del presupuesto nacional (al liberar recursos propios del conflicto) y el apoyo de la cooperación internacional.
Entonces, ¿está la estructura económica del país preparada? Lo positivo es que hay un nuevo clima de inversión, nuevos territorios que se van a insertar a la economía. El reto es que falta una política interna para la integración regional económica. Acá es donde el panorama no es muy claro y creo que falta una estrategia más sólida. Este punto es importante, porque de no lograrse será fuente de nuevos problemas sociales.
2. En esa integración económica y social está la preocupación por la reinserción de cerca de 15 mil miembros de las Farc. Sectores de oposición cuestionan que esto podría aumentar el déficit fiscal y la inflación. ¿Cuál será el impacto real?
La desmovilización tiene unos costos inherentes ante la reintegración de personas que estaban totalmente excluidas de los circuitos económicos, sociales y políticos de la sociedad. El monto parece alto si calculamos que son más o menos $25 millones el monto máximo que podría recibir un desmovilizado.
Y unos $375 mil millones, si la estimación se hace con un número aproximado de 15 mil excombatientes. Pero comparado con otros gastos del presupuesto nacional, no es un costo sustancial, más aún, si se relaciona con los beneficios que puede traer un proceso de reintegración exitoso.
3. Como los gastos militares, que el año pasado representaron al país una inversión de US$9.900 millones, la segunda más significativa en Latinoamérica, después de Brasil...
Exactamente, habrá una redistribución. La interpretación que muchos hacen es que se va a disminuir el presupuesto militar y eso es lo que menos se va a tocar. Todavía hay unos escenarios de vulnerabilidad en cuanto a seguridad nacional y disminuir las Fuerzas Armadas no es el propósito a corto o mediano plazo. Pero los ritmos de inversión en material militar si se van a reducir gradualmente.
Van a existir otros tipos de ahorro. No es que el desmonte de las Farc vaya a acabar con todos los desplazados, pero por lo menos sí va a haber una disminución significativa en el número de personas en esta situación a reparar en el futuro, que requieran protección y atención sicológica, que le implican costos importantes al erario. Esos dineros empezarán a ser redireccionados a escenarios de posconflicto. Así como los recursos de la cooperación internacional y el empresariado va a entrar a ser parte importante de la estabilización de los territorios y de su sector privado
4. Según lo acordado en La Habana, los desmovilizados recibirán por un tiempo una asignación mensual mientras se integran a la vida laboral. ¿Están las empresas capacitadas para brindar estas oportunidades de empleo?
En eso hay una tarea pendiente. Hubo intentos cuando se desmovilizaron los paramilitares, entonces se ha aprendido de la experiencia. Hay más de 700 convenios entre la oficina de reintegración y los empresarios para incluir en sus nóminas este tipo de población, pero es un esfuerzo insuficiente, se requiere de mayor inclusión. La política nacional de paz debe procurar fortalecer la gobernanza alrededor de la inserción en el mercado laboral de estos agentes, y eso implica impulsar una mayor cooperación del sector privado.
Hay que tener en cuenta dos retos. El primero es que la mayoría de la población que se va a desmovilizar tiene origen rural. Por eso gran parte de la reintegración al mundo laboral está asociada al primer punto de la agenda de los acuerdos, que es la reforma agrícola: un campo más productivo facilitará más la reincorporación laboral. Además, desde el sector agrícola, la única manera de reintegrarlos a la sociedad no es darles trabajo, se necesita generar dinámicas de empoderamiento, es decir, ellos quieren ser parte activa de la reactivación económica de esos territorios.
Hay un reto más fuerte, tiene que ver con aquellos desmovilizados que toman la decisión de estar en las ciudades y cómo van a ser incluidos en los proyectos productivos. Esto implica una preparación. Independiente de si viene de un grupo armado o no, emprender o insertarse en los mercados laborales cuando se tiene bajo nivel de capacitación es tremendamente difícil.
5. Los empresarios serán uno de los gremios más impactados, pero encontramos que la mayoría reaccionó positivamente al fin de las negociaciones. ¿Cuál son los beneficios que traerá el camino hacia la paz para ellos?
Hay varios. Históricamente, han sido una de las principales víctimas de la actividad de los grupos armados, en cuanto a extorsiones y secuestros. Entonces, ahorrarán en seguridad privada, seguros y créditos, porque en un país con altos niveles de riesgo endeudarse afuera es mucho más costoso.
Y, por otra parte, un país con menos incertidumbre institucional, social y política, es mejor para invertir. Vamos a ver muchos nuevos territorios incorporándose al mapa económico. Eso es muy atractivo para el sector privado. El reto para el Gobierno es que esos beneficios económicos sean para todos y no para unos pocos empresarios.
6. ¿Existe alguna proyección de cuanto aumentaría la inversión?
Los modelos de equilibrio general que plantea el Gobierno, proyectan que el crecimiento adicional producto del nuevo escenario post acuerdo está entre medio punto y dos puntos del Producto Interno Bruto. Así, dependiendo de las dinámicas externas, tras la desmovilización el país podría crecer entre 0,5% o 2% del PIB más al año. El fin de la guerra es un reactivador para la economía.
