El programa radial Central Económica analizó el impacto de las políticas públicas en el desarrollo económico y la consolidación de la paz en el país
En el último episodio de Central Económica, los profesores del programa de Economía de la Universidad Central exploraron en profundidad el papel crucial de las políticas públicas y la capacidad institucional en el panorama colombiano.
Desde el análisis de una entrevista a la exministra Cecilia López hasta la discusión sobre los obstáculos institucionales, el programa destacó la importancia de entender las complejidades detrás del diseño y la implementación de políticas para avanzar hacia un futuro de desarrollo sostenible y paz duradera en el país.
A continuación, conoce el editorial de Central Económica correspondiente al episodio del 4 de marzo de 2024:
En la entrevista efectuada el 3 de marzo de 2024 a Cecilia López, en el programa de streaming “Los Danieles”, la exministra expresa una enorme preocupación por la falta de pergaminos económicos de quien fue nombrado recientemente como director del DNP, en particular, por su falta de experticia en asuntos de planeación económica. Sin embargo, nos queda aún una pregunta en el tintero por responder: ¿será que la capacidad institucional del Gobierno depende únicamente de las aptitudes técnicas de los altos funcionarios y ordenadores del gasto?
Según Rosas (2019), la capacidad institucional hace referencia a aquella habilidad que cargan consigo las instituciones gubernamentales para realizar mejoras en el desempeño de sus funciones, dando una solución a cualquier problema de gestión para poder alcanzar los objetivos propuestos.
Indicadores de capacidad institucional
Si bien existen distintas metodologías para medir la capacidad institucional en concreto, el Banco Mundial ha venido trabajando en algunos indicadores para caracterizar las percepciones oficiales sobre la capacidad institucional:
1. Índice de Rendición de Cuentas,encargado de recoger las percepciones sobre el grado en que los ciudadanos pueden participar en la elección de su gobierno, así como evaluar la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de los medios de comunicación.
2. Índice de Eficacia Gubernamental,encargado de evaluar la calidad de la función pública y su grado de independencia de las presiones políticas, la calidad de la formulación y aplicación de las políticas y la credibilidad del compromiso del gobierno con la ejecución de las políticas públicas.
3. Índice del Control de Corrupción, encargado de caracterizar la percepción de hasta qué punto se ejerce el poder público en beneficio privado, incluidas las formas de corrupción a pequeña y gran escala, así como la "captura" del Estado por las élites y los intereses privados.
4. Índice del Imperio de la Ley, el cual mide las percepciones sobre la medida en que los agentes confían en las reglas de la sociedad y las acatan, y en particular, la calidad del cumplimiento de los contratos, los derechos de propiedad, la policía y los tribunales, así como la probabilidad de que se produzcan delitos y violencia.
En suma, y con base en los planteos de entidades multilaterales que representan el epítome de “lo técnico”, parecería, a simple vista, que la capacidad institucional no depende únicamente de las aptitudes y atributos de planeación y gestión de las directivas del alto gobierno, sobre todo cuando dicha capacidad depende de igual manera del grado de apertura de información para controlar la gestión, los intereses creados para favorecer la apropiación indebida del erario como forma de cumplir compromisos políticos y las garantías del ejercicio de la acción colectiva.
A su vez, la capacidad institucional dependería de externalidades y eventualidades que las altas directivas no pueden manejar a discreción, por ejemplo, el grado de sincronicidad entre distintas áreas gubernamentales en razón a las pugnas políticas existentes fuera y dentro del Gobierno, más precisamente, fuera y dentro de cualquier gobierno, y de igual manera, de las cuotas del gasto fijadas y apropiadas para adelantar la misión social de las entidades gubernamentales.
Obstáculos institucionales en Colombia
Para nadie es un secreto que, en Colombia, los obstáculos institucionales representan una amenaza significativa para la capacidad institucional del país, lo que dificulta el progreso en áreas como la consolidación de la paz y el desarrollo económico. Si bien la correlación entre la fortaleza institucional y la productividad sectorial son esenciales para fomentar el crecimiento económico y reducir la violencia, atribuir la capacidad institucional únicamente a los atributos técnicos y pergaminos de las y los altos funcionarios, y de igual manera, a las “buenas intenciones” de los y las funcionarios por agremiarse en el “lado bueno” o en el lado “tecnocrático” de la historia es, en sí, una opinión corta de miras.
Por último, no tendría sentido hablar de capacidad institucional al abordarla al margen de sus objetivos concretos. En otras palabras, la capacidad institucional se debería fortalecer en función de los intereses de la acción pública en materia de la ejecución de políticas de Estado y de gobierno. De lo contrario, las capacidades quedarían subutilizadas para el cumplimiento de indicadores o, peor aún, estarían desligadas de la planificación a mediano y largo plazo, situación bastante común en nuestros días.
Preguntas para evaluar:
1) ¿Qué tan “independiente” podría ser el criterio “técnico” de los arquitectos de política? ¿Sería posible efectuar una distinción tajante entre “activistas” y “tecnócratas”?
2) ¿Cuáles son los mayores obstáculos para garantizar y fortalecer la capacidad institucional en Colombia?
3) ¿Sería posible fortalecer la capacidad institucional con restricciones del gasto público?
4) ¿Qué les dirías a las personas que consideran que los roles sociales de “activista” y “tecnócrata” pueden (y deben) separarse tajantemente?
